MÉXICO. - La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y el relator especial de la Organización de las Naciones Unidas sobre los Derechos Humanos de las Personas Migrantes, condenaron las expulsiones echas desde la frontera sur de los Estados Unidos, a México y directamente a Haití, así como el uso excesivo de la fuerza contra migrantes de Haití en Del Río, Texas. De acuerdo con la CIDH, los agentes fronterizos a caballo golpearon con riendas y realizaron otras agresiones a los migrantes ubicados en el campamento Del Río, es por eso que ambos organismos solicitaron a Estados Unidos, investigar y sancionar a los responsables de los actos violentes contra haitianos, así como garantizar la no repetición de este tipo de hechos. Por ello, la CIDH y el relator especial de Naciones Unidas enfatizaron que los dispositivos de seguridad en la frontera no deben obstaculizar el acceso a los procedimientos para la evaluación individualizada de las necesidades de protección. De igual manera, resaltaron que las medidas y respuestas implementadas deben incorporar perspectiva de género y tratamientos diferenciados, en atención a la edad, raza y otras condiciones, ya que los agentes agredieron de manera indiscriminada a mujeres y niños que se encontraban en el campamento. Aunado a lo anterior, reiteraron que Estados Unidos debe garantizar el derecho a buscar y recibir asilo, adoptando las medidas necesarias para facilitar el acceso a los procedimientos disponibles para tal efecto; eliminar las barreras y las dilaciones injustificadas en el curso de los procedimientos. De igual manera, señalaron que debe adecuar su legislación nacional a los estándares internacionales según los cuales migrar no es un delito, pues, de acuerdo con ambos organismos, "muchas de las personas que integran los movimientos migratorios tienen necesidades de protección internacional y muchas otras se encuentran en situaciones de vulnerabilidad y requieren de protección especial". Al respecto, la Comisión Interamericana y el Relator Especial de la ONU solicitaron a Estados Unidos a asegurar las condiciones mínimas adecuadas de seguridad humana y de respeto al debido proceso necesarias para el procesamiento y reconocimiento de necesidades de protección de todas las personas en situación de movilidad. Finalmente, resaltaron la importancia de que los Estados se adapten y fortalezcan las estructuras e instituciones migratorias y de protección, dotándolas de capacidades para procesar, decidir de manera adecuada y con respeto al debido proceso, la situación de las personas que integran las caravanas migrantes.
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