MONTERREY. - Tras ser indagada por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos con transacciones millonarias a cinco países, una red de empresas fantasma con sede en Nuevo León, que proveía a estados, municipios, partidos políticos e incluso a capos del narcotráfico, comenzó a ser investigada por la Fiscalía Anticorrupción de la entidad.La dependencia que encabeza Javier Garza y Garza rastrea los movimientos de más de 100 empresas que formaban parte de un entramado de compañías factureras reveladas por MILENIO desde 2016.Por lo menos 53 compañías fantasma, que alcanzarían hoy en día por lo menos unas 180, fueron creadas con datos robados a adultos mayores que habitan en la colonia popular Valle Verde, en Monterrey, de un listado de programas federales del entonces gobierno de Enrique Peña Nieto.Dichos adultos mayores aparecían como dueños de las empresas propietarias de las tres mansiones donde vivía Omar Treviño Morales, El Z-42, detenido en 2015 por la Marina, en San Pedro Garza García.“Qué bárbaro, me ayudas como no tienes una idea, con toda esa información (que investigó MILENIO) nosotros ya abrimos una carpeta de Investigación y quedo al pendiente”, confirmó el fiscal Garza y Garza.La investigación inició tras una denuncia presentada por las diputadas de Movimiento Ciudadano Iraís Reyes, Sandra Pámanes, Brenda Sánchez y Tabita Ortiz, ante la Auditoría Superior del Estado y la Unidad Especializada en Delitos Fiscales de la Fiscalía General de la República, el pasado 7 de octubre.La denuncia fue presentada por los posibles hechos de corrupción y faltas administrativas graves a los servidores públicos, entidades de gobierno y empresas particulares que resulten responsables del desvío de casi 200 millones de pesos. Según la acusación, de alrededor de 120 empresas, la mitad fue contratada en la administración de Rodrigo Medina, 36 en la de Jaime Rodríguez y el resto prestó sus servicios a ambas administraciones. Sin embargo, no solo existen pagos realizados al gobierno de ambos gobernadores de Nuevo León, sino a una decena de estados y municipios de Nuevo León, Zacatecas, Ciudad de México, Coahuila, Sonora, Querétaro, Veracruz y Tamaulipas.Además, se efectuaron pagos a universidades como la Autónoma de Coahuila, partidos políticos, como el Verde Ecologista de México y el PRI, y organismos federales, como la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE).Algunas de las compañías de esta red fantasma investigada por la autoridad estatal incluyen a Transporte y Logística HUFF, Grupo Darrall, Logis Trans Star LTS, KYA Grupo Empresarial, Comercial Global Tipton, Publicidad y Eventos Yello, Dissenys Asesoría Ejecutiva y de Negocios, Desarrollo y Construcción 630, y Comercio Integral Pavia.Uno de los importes más cuantiosos es el de ocho millones 170 mil pesos, efectuado el 2 de enero de 2014 por el gobierno de Rodrigo Medina, a través del Sistema de Caminos de Nuevo León, a la facturera identificada como Remodelación y Construcción Área 51, según el contrato número SC-SIE-AD-P-02/14, sin especificar el servicio brindado.Otro contrato fue el asignado sin licitación el julio 8 de 2013 por el entonces Cisen, ahora Centro Nacional de Inteligencia, por un monto de cinco millones 491 mil 867 pesos, por concepto de material eléctrico y electrónico, a la empresa fantasma ZTV Ingeniería Suministros.Una investigación realizada por MILENIO puso al descubierto en 2016 que un empresario, en ese entonces de apenas 23 años, de nombre Efrén Azael Adame Sosa, fundó seis compañías.Adame Sosa, vecino de la colonia Infonavit Los Ángeles, en Monterrey, quien funge o fungió como “gerente especial” al servicio de las empresas del narcotráfico, es el mismo que fundó o representa a 22 de las 53 empresas de papel, a través de prestanombres, apoderados y administradores, una gran parte entrelazados entre sí.El modus operandi de Adame Sosa y otros, como Juan Vicente Zacarías Torres, ex funcionario de la entonces Procuraduría General de la República en NL, detenido y acusado por corrupción, y después liberado un año después en 2004, fue crear compañías para cobrar como proveedor y después cederlas a otros accionistas para finalmente solicitar su disolución o desaparición por acuerdo de los socios.cog